El presidente de la UD Las Palmas será juzgado por haber defraudado, presuntamente, hasta 37 millones de euros al erario público entre 2010 y 2013. Tanto él como su ex socio en Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, podrán ser juzgados como administradores de hecho.
Por su parte, el mandatario amarillo y sus representantes interpusieron un recurso de apelación solicitando de esa manera la nulidad del auto por falta de motivación suficiente y la prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública relativos a los ejercicios 2010 y 2011. Además, también pedía la nulidad del auto por inexistencia de indicios de responsabilidad criminal y por ende inexistencia de delito.
Finalmente el juez de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Ramírez y la fiscalía solicita para el presidente una alta condena de 21 años y medio de cárcel y una multa de más de 105 millones de euros. Para su socio Héctor de Armas la fiscalía solicita algo menos, concretamente 14 años de prisión y 79,3 millones de euros.
Se le acusa de “disfrazar” de manera sistemática el pago de horas extras a los vigilantes de su plantilla como si fueran horas extras, que no tributan, y de cotizar menos de lo debido a la Seguridad Social, al pagar unos salarios que no respetaban el convenio nacional del sector, entre otras cosas. El tribunal considera que hay indicios “importantes y plurales” de una conducta delictiva.
La Voz de la UFPC 