El exministro del interior del ejecutivo italiano, Matteo Salvini, se ve envuelto en un proceso judicial que cuenta con personalidades tan dispares como Richard Gere o Ada Colau como testigos de las partes.

Redacción: Álvaro Minaya @alvinm_23
Tras un retraso logístico de más de un mes, el pasado sábado, 23 de octubre, el líder de la Liga, Matteo Salvini, acudió a la cárcel de Pagliarelli de Palermo. En esta primera audiencia condenatoria, el tribunal correspondiente ha aceptado las pruebas presentadas en contra de Salvini, así como la escucha de testimonios de cierta notoriedad (entre ellos, el del actor Richard Gere). La defensa del acusado, la abogada y también senadora de la Liga, Giulia Bongiorno, afirma que la decisión de no permitir el atraque del Open Arms en el verano de 2019, fue consensuada y apoyada por el gobierno italiano de entonces, y no una posición arbitraria y tajante del ultraderechista.
Es una prueba más para el Derecho Internacional, ya que prestar ayuda humanitaria y auxilio a quienes se encuentren en peligro de muerte en el mar es un precepto reciente de obligado cumplimiento. Aún así, el recorrido vital del proceso puede extenderse hasta un año. Salvini ya fue condenado por
“secuestro de personas” en 2019 por el caso Gregoretti, finalmente archivado por el Tribunal de Catania.
El caso del Open Arms sacudió la opinión pública, e hizo que la alcaldía barcelonesa, en colaboración con Óscar
Camps (fundador de la ONG Proactiva Open Arms) se constituyera en parte civil durante el proceso judicial. El
ejecutivo italiano paralizó durante veinte días el desembarco de 147 migrantes en deficientes condiciones de salud, para desaprobación de la comunidad internacional. Tampoco proporcionó alimentos, agua ni materiales de protección contra el frío. Salvini, quien no se encuentra en su mejor momento vital y laboral (obtuvo pésimos resultados en las últimas elecciones municipales italianas y se cuestionó su oposición frontal al pasaporte covid), se enfrenta a la posibilidad de cumplir condena de hasta 15 años de cárcel.